Alvaro Hilario

IÑAKI DE JUANA Y LA PERVERSION DE LA POLITICA ESPAÑOLA.

El pasado sábado, 1 de agosto, a las 7´20 a.m., Iñaki de Juana Chaos salía en libertad acompañado de su esposa y los abogados Alvaro Reyzabal y Jone Goirizelaia. Terminaban así 21 años de reclusión en 10 prisiones diferentes, todas a cientos de kilómetros del País Vasco. El excepcional perímetro de seguridad dispuesto por las fuerzas de seguridad del estado español impidió la cercanía de familiares y medios de comunicación. Al mismo tiempo, la totalidad de la clase política española, casi toda la vasca y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y otros ciudadanos bienpensantes se rasgaban las vestiduras, añorando no se sabe si la cadena perpetua o el garrote vil; puede que ambas. No en vano la figura de Iñaki de Juana siempre tuvo un alto perfil, rodeado de polémica en todos estos años. En él se concentran muchos de los ingredientes, ya habituales, de la cotidianeidad política vasca: medidas penitenciarias y judiciales arbitrarias, huelgas de hambre e intentos de fuga, demonización y ridiculización de su figura en la prensa española, etcétera.

Iñaki de Juana fue detenido en 1987. Juzgado en diversas ocasiones, fue encontrado culpable de la muerte de 24 militares y policías españoles y un ciudadano estadounidense. Las declaraciones del arrepentido José Manuel Soares Gamboa fueron determinantes en su condena a 3.000 años de cárcel. Ya desde aquellos entonces, Iñaki de Juana se convirtió en blanco favorito y rehén de excepción de políticos y periodistas españoles toda vez que se atisbaban soluciones dialogadas al conflicto vasco. Así, no hubo empacho en afirmar que para De Juana era habitual celebrar con champán y marisco (de acceso imposible para cualquier preso) el accionar militar de ETA; era, por lo tanto, el criminal despiadado, cruel y nunca arrepentido de sus actos.

Iñaki De Juana fue juzgado de acuerdo al Código Penal de 1973 que preveía redenciones de pena de acuerdo a los estudios realizados y fijaba en 30 años el periodo máximo de reclusión permitido. Así, cumplidos 18 años de prisión, estando cercana su libertad, el ministro de justicia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Juan Fernando López Aguilar, ante el revuelo organizado por la derecha española, declaró que estaban viendo "si es posible que se pueda construir una nueva imputación penal por pertenencia a banda armada, amenazas o por continuidad de alguna forma de la actividad terrorista, incluso desde la cárcel".

Evidenciando la funcionalidad política de la justicia española, De Juana fue procesado por el delito de amenazas basándose la denuncia en dos artículos de opinión (Gallizo y El Escudo) publicados en el diario vasco GARA. Tres años más de prisión.

Ya en 2005, el anuncio de la Audiencia Nacional (tribunal de excepción español) de que en el plazo de cuatro años 118 presos vascos saldrían en libertad, despertó las iras del españolismo y supuso, entre otras medidas, el establecimiento de la Doctrina Parot (Unai Parot inauguró la medida). Esta elimina la refundición de condenas y fija 40 años como prisión efectiva. Decenas de presos vieron duplicada su condena en vísperas de su puesta en libertad.

A fecha de hoy, hay 754 ciudadanos vascos presos, en España y Francia. Solo una minoría fueron condenados por pertenencia a ETA. El resto están acusados de colaboración, delito que en estos tiempos de jurisprudencia garzoniana hace delictiva cualquier actividad independentista por coincidir en fines con ETA. La pena por colaboración es de 8 años; la misma que por pertenencia a banda armada.

Tres años más de prisión que no han sido suficientes para el revanchismo español. Fíjense que no hago distingos entre colores políticos: cuando la burbuja económica española (sostenida en la especulación del ladrillo y los fondos de cohesión europeos) revienta, la petición de mano dura y las declaraciones de fe en lo español unifican a la clase política vasca y gran parte de la vasca.

Las semanas previas a este 1 de agosto vinieron animadas por la prensa y la AVT que consideraban la puesta en libertad de Iñaki De Juana y su vuelta a su natal Donostia (San Sebastian) un desprecio a las "víctimas del terrorismo" que residen en la misma ciudad. La fascista Falange Española contribuyó a la histeria colectiva atacando la vivienda familiar de Iñaki De Juana.

Si bien las demandas de más cárcel y destierro, sostenidas en el nulo arrepentimiento del ya ex preso y en el "asco" que De Juana provoca a los ya aludidos, no tuvieron efecto, el 1 de agosto el espectáculo estaba servido. El vasco, sin embargo, no colaboró con el (por él denominado) "circo mediático" creado en torno a su persona: se reunió a comer con familiares y amigos en una localidad navarra; una carta enviada por De Juana fue leída en el acto de recibimiento dispuesto en Donostia.

El mismo lunes, la fiscalía general del estado señaló que están buscando en la carta de Iñaki de Juana pruebas que lo inculpen por el delito de enaltecimiento del terrorismo.

MIRANDO ATRÁS CON IRA

El endurecimiento de la represión contra la disidencia (que no es solo ETA, como quieren hacer creer) Ha sido una constante desde la muerte del dictador Francisco Franco (1975). Los periodos de incomunicación de los detenidos se alargan; se generaliza el uso de la tortura (amparados en la impunidad que jueces, políticos y la misma legislación proporcionan); se impide la libre elección de abogados y se impone el paso ante el juez en estado de incomunicación; se dispersa y aleja del País Vasco a los presos. Por no olvidar la presencia del terrorismo de estado, destacando los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), creados por el gobierno socialista de Felipe González. También se suceden las ilegalizaciones de partidos políticos, el encarcelamiento de dirigencias completas, la criminalización de la solidaridad con los presos, el cierre de medios de comunicación y las detenciones sin pruebas. Ni siquiera Turquía o la represión italiana de 1977 se acercan a la situación represiva del estado español.

A partir de mediados de los 80, el entramado represivo se complementa con la lucha por lo simbólico y la deslegitimación de, en especial, la lucha armada. Aparece así la autodenominada coordinadora Gesto por la Paz. Su principal función ha sido, desde su nacimiento, la celebración de concentraciones silenciosas en repudio al activar armado. Esta tarea de lucha política ha intentado ser camuflada en un marco más amplio de lucha por la paz o educación por la paz, aprovechando, de paso, para interferir en el siempre muy activo antimilitarismo y pacifismo vascos, además de procurar su descalificación. Esta labor de dinamizar a la mayoría silenciosa se financia con millonarias sumas de plata públicas en concepto de subvenciones. El manejo de fondos, las disputas políticas y otros protagonismos facilitaron el nacimiento de otros grupos similares.

El invento no era nuevo: a fines de los 70 se crea, en Irlanda del Norte, con fines y medios similares Peace People. Su alineamiento con el gobierno británico y sus paramilitares quedó al descubierto cuando no condenaron la violencia de estos y, además, pidieron a la comunidad nacionalista delatar a miembros del IRA.

Aprendida la lección, Gesto también ha convocado actos repudiando algunos actos de violencia del estado, aunque nunca todos; por supuesto. El monopolio de la violencia es del estado.

El acceso al poder del Partido Popular radicalizó más la situación: ya sin careta, confiados, sacaron a la luz sus propias organizaciones, como la AVT o el Foro de Ermua que no ocultan su nacionalismo español ni su clara intencionalidad política. El grupo que en Argentina dirige Cecilia Pando está en excelentes relaciones con los mencionados.

Otra vuelta de tuerca, siempre en nombre de las víctimas y el desprecio hacia su memoria (en la práctica todo tipo de accionar político de la izquierda y/o el nacionalismo) consiste en sacar a parques, calles y plazas los nombres de militantes vascos fallecidos. Esto, irónicamente, se ha convertido en imposible en muchos casos: personas como José María Beñarán "Argala" (asesinado por el parapolicial Batallón Vasco Español) o Eustakio Mendizabal "Txikia" (masacrado en 1973 por la policía franquista en una estación de tren cercana a Bilbao) no solo murieron a manos del estado, sino que nunca fueron juzgados y, por ello, nunca ha quedado acreditada su adscripción a ETA.

Al mismo tiempo, proliferan los bronces y homenajes a "las víctimas del terrorismo". De este modo, Melitón Manzanas, brutal torturador y jefe de la brigada político social en la Donostia de los 60, fue condecorado en el año 2000, a título póstumo, por el gobierno del inefable Aznar. Es el ejemplo más destacado, pero no el único.

El continuismo franquista, la legitimidad española, son alentados y promovidos por una perversa relectura de la Historia.

HABLANDO DE ARREPENTIMIENTO.

Una y otra vez, periodistas y políticos de todos los colores subrayan el no arrepentimiento de Iñaki De Juana. No es suficiente el proceso y la condena, todo ajustado a sus propias leyes. La venganza debe llegar más lejos: hasta la aniquilación. Aunque tenemos el ejemplo del PP negándose a condenar el golpe de estado del dictador Franco, hay casos más hirientes en este agravio y desprecio para las víctimas del terrorismo de estado.

En el primer semestre del presente, el Gobierno Vasco hizo público un informe relevando las víctimas de las fuerzas de seguridad del estado y grupos parapoliciales (incluyendo la argentina Triple A) para el periodo que va desde 1970 a principios de los 80: 91 muertos y 523 heridos; amen de entre 5.000 y 7.000 denuncias por torturas. Según las fuentes, las víctimas del terror español son más. Qué decir si ampliáramos el plazo hasta nuestros días. Todos estos delitos quedaron impunes. Ni siquiera se investigaron. Nadie pagó; nadie pidió perdón. Los políticos no se rasgan las vestiduras.

A fines de los 90, fueron procesados diferentes políticos del PSOE y policías por su relación con los GAL, con el terrorismo de estado. Las acusaciones fueron, sobre todo, secuestro y malversación de fondos públicos (tanto por la plata utilizada para pagar a policías y mercenarios italianos, franceses y argentinos, como por la que fue directa a los bolsillos de los acusados). Nunca fueron condenados por asociación ilícita ni por pertenencia a banda armada. Tampoco por sus bravuconas declaraciones, falta de arrepentimiento ni por artículos de opinión. Rafael Vera, a la sazón jefe de la policía (implicado también en la represión del Hospital Filtro de Montevideo en 1994) y José Barrionuevo, ministro de interior, funcionarios y militantes del PSOE fueron condenados a 10 años de prisión (secuestro y malversación de fondos públicos) en 1998. Cumplieron cinco y tres meses de prisión respectivamente. Prisión VIP; por supuesto.

Nadie pidió perdón. De hecho, Barrionuevo fue acompañado a la puerta de la cárcel por Felipe González y otros funcionarios y militantes socialistas en calidad de héroe de la democracia.

Otro ejemplo destacado es el del general Emilio Rodríguez Galindo. Relacionado con el narcotráfico y la trata de blancas, fue condenado a 71 años de prisión por el Tribunal Supremo por el secuestro, tortura y asesinato de los refugiados vascos Josean Lasa y Joxi Zabala. Hasta el año 2003, en que fue despojado de su condición de militar, estuvo en el penal militar de Alcalá de Henares; en septiembre de 2004 fue excarcelado "por razones de salud". Roma paga bien. Por supuesto, ni perdón ni camisas desgarradas por amor a la democracia y al estado de derecho.

La nómina sería eterna. Para muestra, un botón.

Peace People vive en el corazón de la España eterna.